La instalación de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios, supone un paso adelante muy importante al facilitar la incorporación a las viviendas, sobre todo las de nueva construcción, de las nuevas tecnologías a través de estas infraestructuras de calidad de forma económica y transparente para los usuarios.

La legislación que las regula, aun tratándose de una legislación de tipo técnico, tiene sentido social, ya que afecta a todo tipo de viviendas con independencia del poder adquisitivo del comprador, y contribuye de manera decisiva a que disminuyan a corto y medio plazo las desigualdades sociales en lo relativo al acceso a servicios de telecomunicaciones tales como telefonía en sus distintas modalidades, internet, telecomunicaciones por cable, radiodifusión sonora y televisión analógicas, digitales, terrenales o por satélite, etc.

Un factor esencial para que esta legislación tenga una utilidad importante es que la misma se mantenga lo más actualizada posible, reflejando los nuevos servicios de telecomunicación que pudieran ir apareciendo, y adaptándola a las posibilidades que ofrezca, en cada momento, la tecnología disponible tanto desde un punto de vista constructivo como el estrictamente de telecomunicaciones.

La constante evolución de las telecomunicaciones hizo necesario el desarrollo de una normativa que permitiese construir infraestructuras en las edificaciones adaptada a las necesidades actuales de los usuarios, así como permitir la introducción de los nuevos servicios sin adaptaciones costosas en los inmuebles.

Las ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) proyectadas por ingenieros especializados en la materia permiten el acceso a todos estos servicios en un marco de libre competencia a la vez que aseguran la calidad de los mismos, la privacidad de las comunicaciones y contribuyen a minimizar el impacto estético en los edificios.

Los proyectos ICT actuales están adaptados al Reglamento desarrollado en el Real Decreto 401/2003 y la Orden Ministerial 1296/2003. El nuevo reglamento ha sido preparando con la colaboración de grupos de todos los profesionales implicados en las infraestructuras en inmuebles: ingenieros, operadores, fabricantes, instaladores y administradores de fincas.

La experiencia acumulada tras varios años realizando proyectos para clientes, el uso de las últimas herramientas informáticas disponibles y el seguimiento de un método de trabajo consolidado nos permiten adaptarnos a sus necesidades y plazos con presupuestos muy ajustados.